– Um ensaio de Mariana Fernandez –
A 43 años de la dictadura cívico-militar en Uruguay, los desaparecidos siguen sin aparecer y los militares sin ser juzgados. El 27 de junio de 1973, el Presidente de la República Oriental del Uruguay Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento, instaurando así una dictadura cívico-militar que duró hasta las elecciones del año 1985. Este régimen dejó como saldo 192 desaparecidos que hasta el día de hoy no se sabe del paradero de los mismos. A partir de esto, los familiares de los desaparecidos comenzaron una lucha por averiguar qué sucedió con sus familiares, una lucha por verdad y justicia. Así, la sociedad uruguaya se encuentra dividida por quienes piden que se investigue y se juzgue a los militares por los crímenes cometidos en ese período. Esta dicotomía, se hizo más evidente después del plebiscito del 2009 para derogar la Ley de Caducidad, donde el 52% de la población uruguaya voto en contra de la derogación, es decir que la Ley sigue vigente hoy en dia. Esta Ley que no permite que los militares sean juzgados, entre otras cosas. Algunas personas entienden que el pedido de verdad y justicia de una parte de la población uruguaya y de los familiares de los desaparecidos es un pedido de revancha y odio. Pero, esto no es así, cuando se pide verdad y justicia se está pidiendo saber qué sucedió con las personas que fueron secuestradas y asesinadas, se está exigiendo que la justicia actúe como lo hace en cualquier caso de desaparecimiento y asesinato, pero con un agravante que estos hechos fueron llevados a cabo por el Estado. Se está pidiendo que nunca más vuelva a suceder algo así, se pide que no se olvide, porque hoy no son nuestros hijos pero, mañana podrían ser nuestros hijos.
Mariana Fernandez é uruguaia, formada em História da América Latina pela Unila, em Foz do Iguaçu, Pr. Texto publicado na revista Escrita 44.
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